¿La educación es un bien público?

Una vez que se obtiene la conceptualización generalizada de la educación, es necesario fijar nuestra postura sobre la educación como un bien público o no.  En los años 90´s, diferentes agentes en el ámbito de desarrollo y derechos humanos, entre ellos los organismos internacionales como las Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales (ONGs) se referían a la educación como un bien público, aunque han existido diversas interpretaciones sobre dicho tema.

Internacionalmente dichos agentes y ONGs han hecho alusión a la educación pública, debido a la necesidad de justificar la necesidad de salvaguardar el interés general, manteniendo de esta forma el principio de la educación como un bien público, abogando de esta manera una financiación pública digna y adecuada con la finalidad de otorgar una enseñanza de calidad a todos los individuos. Así es como surge la Teoría económica de los bienes públicos al ámbito de la educación (Locatelli, 2016).

Teoría económica de los bienes públicos al ámbito de la educación

En primer lugar, el concepto de la educación y todo lo que conlleva, se ha interpretado como un bien público y principio de gobernanza de forma natural, así como su concepción desde siempre se ha relacionado con las funciones del Estado, sin embargo, Paul Samuelson un economista estadounidense, en 1954 elaboró una teoría moderna y muy completa (Teoría pura del gasto público) que determinarían las propiedades que deben tener ciertos bienes o servicios para ser considerados públicos. La primera propiedad se denomina “no rivalidad” es decir, cuando una persona consume un bien o servicio no impide o reduce el consumo de otra u otras personas, la segunda propiedad se denomina “no exclusión”, consiste en que todos los individuos tengan acceso a consumir un bien o servicio. En este sentido, todos aquellos bienes o servicio que cumplan con estas dos propiedades pueden considerase bienes públicos, ya que no están sujetos a la competencia en el mercado.

Entonces todo bien que sea rival y excluible se considera bien privado aunado a que mientras un sujeto o empresa esté dispuesto a ofrecerlo (competencia en el mercado) sin duda alguna se está hablando de un bien privado, es todo lo contrario del bien público, resaltando que es muy difícil encontrar un bien público puro en la actualidad, a excepción de la Defensa Nacional. Por lo anterior, se han considerado fallos del mercado en los bienes públicos, donde es necesaria la intervención del Estado debido a que el mercado privado no garantiza la provisión óptima y la fijación de precio de estos bienes de manera eficiente. Todo el proceso y principios que debe tener un bien público ha dado lugar al surgimiento de categorías como son: bienes públicos puros (reúnen las dos características y los costes marginales de suministrarlo una persona más son estrictamente cero, así como es imposible que una persona no reciba el bien o servicio) y los bienes impuros (es porque tiene en alguna medida una de las dos propiedades “no rivalidad y no exclusión”) (Stiglitz, 2000). En conclusión, la educación es un bien privado suministrado por el Estado, pues aquellos bienes o servicios de carácter privado suministrados por el Estado en primera es para racionar su demanda y porque su costo marginal de suministro a los individuos es muy elevado, aunado a que la educación es un derecho universal que se relaciona con el carácter redistributivo, en donde las oportunidades educativas no se deben limitar o depender de la riqueza familiar o de los padres. 

Referencias 

Locatelli, R. (2016). La educación como bien público y común. Reformular la gobernanza de la educación en un contexto cambiante. IISUE-UNAM, XI (162), p. 178-196.

Stiglitz, J. (2000). La Economía del Sector Público. Estados Unidos: Columbia University.